Expansión .com 16/11/2013
Marieta Vargas
Derecho colaborativo, una vía para resolver conflictos.

En Estados Unidos, el 85% de los conflictos se resuelve por vía no contenciosa. Es decir, por mediación, arbitraje, negociación o gracias al derecho colaborativo, un método alternativo que está comenzando a desarrollarse en España.
Un grupo de profesionales alaveses, de diferentes ámbitos, han creado la Asociación de Derecho Colaborativo de País Vasco, que pretende impulsar esta innovadora rama del derecho, nacida en Estados Unidos en la década de los noventa. «Se basa en el trabajo en equipo de distintos profesionales para conseguir canalizar el conflicto hacia una solución que sea de interés real de las partes», apunta la abogada y presidenta de la asociación, María José Anitua.
Una de las características de este método es que no se basa únicamente en el trabajo de los letrados, de hecho, en el colectivo también hay economistas o psicólogos. En definitiva, supone un cambio total en la profesión. «A los abogados nos han formado mucho en la parte procesal del pleito, pero fuera de la vía contenciosa hay soluciones mucho más creativas y enriquecedoras en colaboración con otros profesionales que saben gestionar emociones y relaciones», añade Anitua.
Para la letrada, la innovación de este método radica en la forma en que se conduce la negociación desde unos principios de equidad, transparencia y confidencialidad. «La parte contraria deja de serlo para ser la otra parte con la que trabajar para buscar una solución. Muchas veces nos enconamos en situaciones enfrentadas, defendiendo los derechos que tenemos, sin ver objetivamente qué es lo que más nos interesa», insiste.
Por ello, el eje sobre el que gira el derecho colaborativo es una forma de negociar mucho más eficiente para alcanzar el interés real. En este sentido, Anitua reconoce que es necesario adquirir estas aptitudes. Por ello, la asociación ha puesto en marcha para este mes un curso de negociación Harvard, que es el instrumento que utiliza este método.
Aunque el derecho de familia es una de las ramas donde más se ha desarrollado el derecho colaborativo, para María José Anitua, es en el área mercantil donde intuye muchas posibilidades. «Si hay problemas entre socios, a nadie le interesa terminar en un juzgado y, además, el empresario no suele ser muy pasional».
Incluso se puede evitar el conflicto, analizando previamente los intereses de las partes en una relación comercial. La posibilidad de descongestionar la Justicia es otro punto a favor del derecho colaborativo, aunque si el método fracasa y se debe acudir a la vía contenciosa, el abogado colaborativo no puede representar a su cliente.
Aun así, para Anitua, «en España tenemos un reto impresionante, porque sólo un tercio de los conflictos se resuelve fuera de los tribunales y eso no es eficiente». Aunque nacida en País Vasco, la Asociación de Derecho Colaborativo pretende ir sumando masa crítica para que vayan surgiendo colectivos en otras comunidades.

EL DIARIO MONTAÑES 18/09/2014

Tolosa defiende la vía del derecho colaborativo para reducir la litigiosidad.
Santander, 20 jun (EFE).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, cree que ha llegado el momento de impulsar el derecho colaborativo en España como vía para reducir la litigiosidad y descongestionar los juzgados pero también como «un elemento de paz social».

Tolosa ha clausurado, junto al consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Manuel Valín, el encuentro que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha dedicado a este nuevo método de resolución de conflictos, que nació en Estados Unidos en la década de los noventa y que acaba de llegar a España.

Por el momento se han creado dos asociaciones, en el País Vasco y en Madrid, para impulsar este nuevo modelo en el que los profesionales del derecho asumen el compromiso de alcanzar acuerdos sin acudir a los tribunales y de finalizar sus servicios si las partes deciden litigar, para garantizar así su cooperación.

César Tolosa ha destacado que España es el tercer país de la OCDE con una tasa más alta de litigiosidad, con cuatro pleitos por cada cien habitantes frente a Finlandia, que está en el último lugar, donde se registra uno por cada 300, según un informe del Banco de España.

Para resolver esos pleitos, se cuenta con algo más de 5.000 jueces y desde hace cuatro años, debido a la crisis económica, no se han creado nuevas unidades judiciales. Mientras, la litigiosidad ha subido y aunque se consiguió un descenso del 3,7 por ciento en 2013, en el primer trimestre de este año ya se ha producido un repunte del 2,5, ha señalado Tolosa.

Para el presidente del TSJ, ante esos datos, impulsar las vías alternativas de resolución de conflictos ya no resulta «una cuestión exclusivamente de estrategia» sino de «pura necesidad».

Pero además considera que es necesario «empezar a terminar» con la justicia confrontativa para ir a la justicia del acuerdo, un paso adelante que tiene más que ver con la propia concepción de la sociedad que con principios jurídicos.

Tolosa ha destacado que en estos momentos el 67 por ciento de los conflictos se resuelven por la vía judicial frente a algo más del 30 que se soluciona por otras vías.

Entre ellas está la medición, que, en su opinión, presenta el problema de que los letrados de las partes «desaparecen» del proceso para alcanzar un acuerdo, cediendo todo el protagonismo al mediador mientras que en el derecho colaborativo los abogados en los que las partes han depositado su confianza juegan un papel protagonista.

El director de Justicia del País Vasco ha afirmado que la resolución alternativa de conflictos es un «eje estratégico» para su Gobierno, desde «la firme vocación» de no considerar estos procedimientos alternativos sino «adecuados».

«Es verdad que nuestra tradición es la de un proceso adversarial, en el cual hay elementos enfrentados y un tercero que decide, pero el desarrollo de nuestra sociedad conduce a que la autocomposición de los conflictos sea una solución mucho más satisfactoria», ha argumentado.

A juicio de Valín, es una «obligación» apoyar este nuevo modelo para «generar una sociedad más pacificada».

Ha explicado que el Gobierno vasco ha entendido que «merece la pena» sostenerlo por los menos en principio, hasta que sea la sociedad no necesite ya ese apoyo público y ha animado al resto de las comunidades autónomas a seguir ese camino.